Tragedia de Austral: la querella denunció maniobras que entorpecieron la investigación – Télam
El avión de Austral Líneas Aéreas se estrelló el 10 de octubre de 1997
Norberto Caputo y Silvina Rumachella, representantes de los familiares y víctimas del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, que se estrelló el 10 de octubre de 1997, dijeron que «la verdad se impone sobre la sarta de mentiras y encubrimientos elaborados para ocultar las responsabilidades penales por la muerte de 74 personas», en la continuidad de los alegatos en la parte final del proceso oral sobre los 35 imputados que tiene la causa.
El avión McDonnell Douglas DC-9-32, con matrícula argentina LV-WEG, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, cuando se dirigía desde Posadas al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.
Los alegatos comenzaron el 19 de agosto, cuando Rumanchella y Caputo expusieron ante el tribunal los nombres de las víctimas y cuestionaron el proceso de privatización de la aerolínea y la intervención de los estados argentino y español, a quien señalaron como parte del encubrimiento y la obstaculización de la investigación y continuó esta tarde cuando detallaron los delitos que le imputan a los acusados.
En estas exposiciones de alegatos cada una de las partes realizó su mirada evaluatoria de todo lo que se dijo durante el juicio oral, que ya lleva dos años y cinco meses de debate, iniciado con un coloquio de peritos forenses y que luego dio paso a una serie de declaraciones testimoniales.
La querella, que reúne a 15 familiares de víctimas del suceso -entre ellas, la esposa del piloto Jorge Cécere y la madre de la auxiliar de a bordo Bibiana Rumachella, cuya hermana, Silvina, encabeza la representación legal- sostuvieron que el trágico final del vuelo AU-2553 fue consecuencia de la corrupción del sistema de aeronavegación argentino.
Los letrados creen que la relación «promiscua» entre controlados (aerolínea) y controlantes (Fuerza Aérea), hizo que el DC9-32 matrícula LV-WEG fuese habilitado ilegalmente. Aquellos aviones ya no podían volar en Europa. Aquí, solo si tenían instalada la alarma, y por acuerdo entre Austral y la DNA, éste no la tenía, sostuvieron en su exposición.
«El avión -reiteraron- venía de España, en donde ya se lo consideraba de descarte. Le faltaba una alarma que era obligatoria para las normas argentinas, y que hubiera advertido a la tripulación que el sistema de calefacción de los tubos de Pitot -son sensores que determinan, entre otras cosas, la velocidad del viento- no funcionaba. La velocidad que indicaba el velocímetro no era real, y eso implicó que en el vuelo se tomaran decisiones con información equivocada», sostuvo Rumachella durante el alegato.
La abogada denunció que «esas aeronaves habían sido vendidas por Iberia (controlante de Aerolíneas) a Austral casi a precio de nuevas», aunque ya llevaban unos 30 años en el aire. Y la empresa logró que la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA) de la Fuerza Aérea le extendiera una «dispensa» -una larga prórroga- para colocar esa alarma adicional.
«Transformando un avión con mínimas condiciones de aeronavegabilidad en uno potencialmente peligroso», sentenció Rumachella.
Los abogados querellantes detallaron lo que consideraron maniobras y encubrimientos de los acusados que entorpecieron notablemente la investigación, y se dilataron adrede los tiempos procesales dado que desde el sobreseimiento inducido por la documentación adulterada presentada, la revisión de la sentencia y el procesamiento de los imputados pasaron casi tres años.
Después de cuatro horas de exposiciones, los jueces intervinientes establecieron un cuarto intermedio hasta el jueves 26 a las 9, última audiencia para presentar los alegatos.
Después de los letrados Caputo y Rumachella será el turno de la fiscalía, a cargo de Patricio García Elorrio.
Finalmente llegará el momento en el que los abogados defensores también formulen sus razonamientos a favor de los imputados.
Cuando se termine esta etapa de alegatos llegará la sentencia, donde los tres jueces del tribunal federal, Daniel Obligado, Adriana Pallioti y José Martínez Sobrino, emitirán su veredicto declarando la responsabilidad penal de los 35 imputados, entre los que se encuentran exfuncionarios de la Fuerza Aérea Argentina y ex directivos de la firma Austral.
Ese momento de la sentencia del proceso oral se estima que podría ocurrir a fin de año y será el cierre del debate, que se inició en marzo de 2019.
En sus inicios el debate oral se realizó en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro; pero a raíz de la pandemia se suspendió la presencialidad y el debate se reinició en octubre del año pasado a través de la plataforma de Zoom.
